ASI INSTRUYE Garzón. Su auto está repleto de inexactitudes y falsedades sobre las que deduce sus tesis. NI EGIN tenía correo electronico entonces, ni el documento de ETA se refiere a su director...
es un amplio estudio publicado en en el nº del sábado 25 de julio de 1998 de EUSKADI INFORMACION, el periódico que substituye a EGIN editado por sus trabajadoras y trabajadores.

• Su auto está repleto de inexactitudes y falsedades sobre las que deduce su tesis.

• Muchas acusaciones se podrían imputar igualmente a otros medios.

• Ni EGIN tenía correo electrónico entonces, ni el documento de ETA se refiere a su director...
  

DONOSTIA

Las adhesiones a EGIN y EGIN Irratia, así como los comunicados de protesta por el cierre de los dos medios de comunicación, no cesan de llegar. Colectivos de toda Euskal Herria se muestran escandalizados por lo que califican como un ataque a la libertad de expresión.

El auto que el juez Garzón dictó el pasado martes afirma taxativamente que existe una subordinación de EGIN a ETA, y que ésta última marca los designios de la primera. La aseveración va acompañada de rotundas frases que, en boca de un analista político, pudieran servir para construir una hipótesis mal hilvanada que presentar en cualquier tertulia al uso, pero que, en palabras de un juez, podrían resultar una temeridad. Si en EGIN hubiese un redactor que faltase al rigor de la forma que lo hace este juez, hace tiempo que habría sido despedido.

En su auto, Garzón hace un análisis de lo que, a su entender, es la izquierda abertzale, con una marcada obsesión por criminalizar a KAS, de la que hace un recorrido histórico desde 1976, aunque la coordinadora, en realidad, nació en 1975. La lectura de su relato a este respecto despierta poco interés, pues comete graves errores y en muchos libros sobre la historia reciente de Euskal Herria se puede obtener una visión más ajustada a la realidad. Sin ir más lejos, la versión que ofrece sobre el Congreso de HASI de 1987 y de la disolución de este partido en 1991 no tiene nada que ver con lo que realmente pasó.

Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De la historia de la izquierda abertzale? ¿De una valoración según la cual todo el mundo que tenga una ideología cercana a la que puede temer ETA tiene que ser encarcelado? De lo que no se indica nada, desde luego, es de la comisión de delitos por parte de EGIN y EGIN Irratia que justifiquen su cierre.

Al margen de la cuestión relativa al famoso alzamiento de bienes, suficientemente aclarada en la rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles, y que no debería investigarse en un tribunal como la Audiencia Nacional, el juez Garzón sitúa a estos medios de comunicación en el «frente informativo», y se refiere a los mismos como si de comandos de ETA se trataran. Sin embargo, cuando quiere demostrar tal aseveración, la contundencia del enunciado adquiere tintes grotescos en los argumentos.

Valoraciones

La primera acusación no pasa de tachar a este periódico de ser un medio que informa mal, ya que, según el juez Garzón, EGIN tenía como función la «generación de una realidad aparente, normalmente distorsionada de todo el entorno que rodea a dicho movimiento (MLNV) magnificando los éxitos». Una opinión que, más que un juez, deberían emitir los lectores.

También le atribuye el papel de «conductor de la ortodoxia marcada por la dirección de ETA». Al parecer, el juez censura, con grandes palabras, la línea editorial de EGIN en la defensa de una solución al conflicto en claves democráticas y de soberanía. En fin, lo que después de este auto sí sabemos es que al señor Garzón no le gusta dicha línea.

Las labores y funciones que se les atribuyen a EGIN y EGIN Irratia ­el valor probatorio real no pasa de ser el de los prejuicios de un juez español­ se intentan sostener con algunos «indicios».

Se remonta Garzón hasta 1983 para dar un «dato policial» según el cual ETA habría realizado una transferencia de tres millones de pesetas a Orain S.A., «previo concierto con el director del medio», quien hoy en día ocupa la dirección de Radio Euskadi y quien, al ser preguntado por el cierre de este diario la semana pasada, se limitó a decir que esperaba a ver el auto judicial antes de pronunciarse sobre el mismo. Pues ahí lo tiene.

Se apunta a otro documento, incautado, según se dice, a Josu Urrutikoetxea (hoy en prisión preventiva), en el que se diseñaría la línea informativa a seguir en la sección de Mundua de EGIN. El texto, titulado "Sobre el lenguaje político a utilizar en el contexto europeo", es absolutamente desconocido en EGIN y, por consiguiente, no tiene ninguna vigencia en este diario, que sólo puede responder de sus reflexiones y acciones, no de las que realicen otros, sea ETA o el propio juez Garzón. Y es precisamente eso, el relato de aspectos delictivos en que pudiera haber incurrido EGIN, lo que falta en el auto.

En 1991, relata Garzón, se halla en un zulo de un comando de ETA material publicado en el periódico clausurado sobre empresarios, consejeros y sedes vinculadas a la construcción de la autovía. Como es conocido, ETA ha recopilado información de todo tipo de publicación, incluida la prensa del corazón. El razonamiento -si es que se le puede llamar así- de este auto supondría acusar de colaboración con banda armada a todos los medios de comunicación.

El colmo de los colmos

Otro de los indicios de Garzón es una supuesta reunión celebrada en febrero de 1992 por dos periodistas de EGIN, Jabier Salutregi y Teresa Toda, por aquel entonces redactores jefes, y el consejero delegado de Orain, Ramón Uranga, con un representante de ETA. De ser cierta esta entrevista, no sería la primera que se produce entre la organización armada y un medio de comunicación. Si no, que se lo pregunten a Pedro J. Ramírez, actual director de El Mundo y máximo responsable de Diario 16 en aquel momento.

Incluso, atendiendo a informaciones aparecidas en prensa, en los dos últimos años representantes de algún partido al que se le cuelga el cartel de «democrático» también han mantenido encuentros con la organización armada. Cabe resaltar igualmente que este diario ha publicado diversas entrevistas periodísticas con ETA, sin que en su labor haya colaborado en la actividad de esta organización.

Al parecer, Garzón quiere demostrar que ETA eligió a Jabier Salutregi como director de EGIN y es precisamente ahí donde comete el error más garrafal. La subordinación y dependencia de este periódico a la organización se demostraría «porque en los archivos denominados `Garikoitz 93/5 (documentosincautados al parecer a un presunto militante de ETA en agosto de 1993) se informa a la dirección de ETA para que se pronuncie y exprese su parecer respecto a la persona que debe dirigir EGIN». Pero para la fecha de referencia (primer semestre de 1993), Salutregi era ya, desde hacía tiempo, director de este diario, cargo que ha mantenido hasta la actualidad.

La lectura del auto en este punto, en el que Garzón no sabe ni de lo que está hablando ­esos párrafos del tal Garikoitz no se refieren ni a Salutregi, ni a Egin, ni a Orain­, han provocado irritación entre los trabajadores de EGIN, al comprobar con qué ligereza se puede encarcelar a personas, cerrar medios de comunicación y dejar en la calle a muchos trabajadores.

En el auto se desempolva también la causa por la que fue procesado y juzgado Pepe Rei, redactor jefe de Investigación del citado diario, sin que mencione que fue absuelto de la misma. Cita como indicio igualmente que dos periodistas de EGIN, Andoni Murga y Fernando Alonso, fueron condenados por pertenencia a ETA. El argumento de Garzón podría llevarle a cerrar ahora mismo las más importantes empresas de Euskal Herria.

La aparición en EGIN de noticias relacionadas con posibles futuras acciones policiales contra ETA sirve para incriminar a este diario. Pudiera hacerlo también en relación con los GAL, pues en las mismas páginas se ha informado de posibles detenciones de «galosos». De la misma manera, el argumento podría servir para acusar a otros periódicos de colaboración con ETA por dar cuenta de la preparación de operativos de las FSE contra la organización armada.

Como otros muchos

Garzón recurre a viejas campañas de linchamiento contra este periódico donde se le acusaba de señalar los objetivos de ETA, en concreto en el caso de José Antonio Santamaría y del ertzaina Joseba Goikoetxea. En el primer caso, valga como ejemplo, se afirma que «EGIN, en su edición del 16-1-93, publica un artículo agresivo sobre el empresario vasco José Antonio Santamaría Vaqueriza. Tres días después sufre un atentado de ETA y muere».

Al margen de que el nombre de Santamaría apareció con anterioridad en otros medios siendo relacionado con el tráfico de drogas, algo que ni se menciona en la noticia de Egin, y que su nombre se incluye en el «informe Navajas». No queda claro si Garzón insinúa que ETA, una vez aparecido el reportaje, preparó el atentado en tres días o que la organización armada dio orden para publicar dicho artículo y proceder después a su ejecución. Como ambas hipótesis atentan contra el más elemental sentido común, y mucho más contra el sentido que tiene que imperar en un juez, su carácter de indicio para demostrar la supeditación a ETA es, cuando menos, algo ridículo.

Tan ridículo como afirmar, sin ninguna precisión ni el más mínimo soporte jurídico, que «es digno de mención el caso de los concejales del Partido Popular asesinados en el País Vasco después de una campaña coordinada de agitación de alguna de las estructuras de la órbita de KAS-ETA y que refleja EGIN».

Se quiere criminalizar a este medio de comunicación por el hecho de que terceros -un tal Coppola, según el auto- hayan enviado información al diario y no a la dirección de ETA. ¿Alguien entiende algo?

No hay nada

Además se hacen alusiones a cuestiones que quizá se hayan hablado en la organización armada, pero no han tenido nunca ningún reflejo en el periódico represaliado. Es el caso de un documento presuntamente incautado a Mobutu, titulado «Sarea», y de supuestas claves que usarían comandos de ETA al reivindicar sus acciones para que EGIN pudiera verificar su autenticidad.

Aunque este sistema sería bueno hasta para salvar vidas -y cabe recordar que las de muchas personas han corrido peligro por la negligencia de las FSE tras llamadas de ETA a EGIN, anunciando la colocación de bombas-, como en el aeropuerto de Reus en el verano de 1996 -decenas de heridos porque la Policía llegó sospechosamente tarde-, es rotundamente falso que miembros de esta organización llamaran al diario dando un nombre en clave que permitiera realizar la identificación supuesta por Garzón.

El juez, entre sus indicios, señala con reiteración a la sección de Merkatus (mensajes que nuestros lectores envían por correo para su publicación en forma de saludo, contactos o similar), ya que algunos detenidos han afirmado que se ponían en contacto con otros miembros de ETA a través de esta sección, mediante mensajes en clave. A buen seguro, el Cesid y los servicios de información de las FSE también han utilizado este mismo medio para pasar mensajes.

En cualquier caso, según informaciones aparecidas en prensa, ETA ha utilizado a otros periódicos para hacer llegar instrucciones a sus comandos. La cuestión jurídica estribaría en saber si EGIN hace una labor de correo a sabiendas. El auto no lo demuestra, por la simple razón de que no es así.

Más «indicios». Se achaca a la rotativa de este periódico haber imprimido un cartel de Jarrai que denunciaba a varios periodistas, cartel «amenazante» según Garzón. El camino que va de ahí a acusar a personas relacionadas con Orain de pertenencia a ETA resulta ya inexcrutable.

Seguimos punto por punto. El auto recoge y reproduce también un documento, presuntamente incautado en el despacho de Isidro Murga, el pasado día 15, que se refiere a "Evolución de Orain condicionada y ligada a la evolución y desarrollo del MLNV". En este escrito se realiza una reflexión sobre esta empresa y EGIN respecto a la izquierda abertzale, sin que aparezcan ni una sola vez las siglas ETA. De nuevo es el juez quien realiza la deducción y las vincula al documento.

Correo inexistente

Gran parte de la subordinación y dependencia que el juez Garzón atribuye a Orain respecto a ETA se fundamenta en los citados documentos incautados a J.M. Dorronsoro, en los que un tal Garikoitz se dirigiría a la dirección de la organización armada hablándole, entre otras cuestiones, sobre el diario.

Según estas comunicaciones, tal y como recoge el auto, se articula por la dirección de ETA un sistema para que el director de EGIN reciba a través de módem las informaciones o datos que dicha dirección considere oportunas. «Sólo el responsable del periódico conocerá la clave para acceder a ese correo electrónico», apostilla el auto. Genial, si no fuera porque el correo electrónico en EGIN es muy posterior a las fechas de referencia. Genial, si el juez Garzón es capaz de, tras registrar de arriba a abajo las dependencias de las redacciones, mostrar el citado módem. ¡Qué suerte tiene de que nadie en la prensa española le vaya a pedir cuentas a este respecto!

En resumen, en los archivos "Garikoitz" existen constantes alusiones sobre EGIN, pero ninguna que demuestre que haya realizado algo por orden o para ETA. Seguro que esta organización tiene análisis de otras instancias y empresas, y seguro también que otras estructuras absolutamente alejadas, como los servicios deinteligencia españoles, tienen informes más exhaustivos sobre este diario.

En los citados archivos se hace alusión también a cómo se debiera «utilizar» EGIN Irratia para difundir la situación de los represaliados, en concreto de los deportados. El auto no precisa si esta idea, en cualquier caso poco delictiva -porque la figura del deportado existe por deseo expreso del Estado español-, ha sido recogida en esta emisora.

El control de ETA respecto a Orain es de tal calibre que, según el auto, la dirección de la organización armada indica a uno de sus interlocutores, el tal Garikoitz, respecto al Consejo de Administración de esta empresa, al parecer en un periodo de cambio, que «nos resulta difícil decir algo porque no sabemos quién cambia y quiénes se pueden colocar». Un proceso muy controlado, sujeto a una subordinación total, sin ninguna duda.

Vamos terminando. Resulta muy interesante la alusión del juez Garzón a la existencia de datos sobre matrículas de coches policiales en las dependencias de EGIN. Para que investigue, le damos una pista.

Hace aproximadamente un mes, un coche, ocupado por dos mujeres, estaba grabando con una cámara de vídeo todas las matrículas de los vehículos aparcados junto a la redacción de Hernani. El coche huyó del lugar al comprobar que había sido detectado por los trabajadores. Luego se comprobó que la matrícula correspondía a un vehículo reservado, o sea, policial. Este diario se puso en contacto con el responsable del Departamento de Interior del Gobierno de Gasteiz, Jon Goikolea, para protestar por estas prácticas.

El juez dice también que «en las propias instalaciones de Orain-EGIN se han hallado relaciones de potenciales objetivos de ETA». Sin lugar a dudas que lo mismo podría encontrarse en cualquier otro medio de comunicación o en la propia Audiencia Nacional. La cuestión reside, otra vez, en que Garzón no demuestra que EGIN haya puesto su información a disposición de ETA.

A la vista de todo este cocido, sólo cabe concluir que nos encontramos ante un flagrante atentado a la libertad de expresión, con el objetivo último de acallar la voz de un amplio sector social, fuese como fuese y sin reparar en los medios.